Gobierno evalúa si Grupo Aval puede contratar con el Estado colombiano
A raíz de las sanciones que el conglomerado económico recibió en Estados Unidos en medio del escándalo de Odebrecht.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a cargo de Marta Lucía Zamora, entregó un oficio al Canciller de la República, Álvaro Leyva, para que a través de los canales diplomáticos conozca cuál es la real situación del Grupo Aval en materia de contratación.
El Gobierno dijo que necesita conocer si el Grupo Aval está inhabilitado para contratar con el Estado, dadas las sanciones recientes que esta organización recibió en Estados Unidos, en medio del escándalo por corrupción con la multinacional brasilera Odebrecht.
Zamora declaró que se "requiera las sentencias penales o sanciones administrativas emitidas por la SEC y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra del Grupo Aval y Corficolombiana".
"El soborno transnacional, la corrupción internacional, por esa razón Colombia ha suscrito esos pactos en las cuales se protege esa lealtad, esa transparencia y por esa razón, pues ya serán decisiones que tome la Superintendencia de Sociedades en el trámite que corresponde en la ley", dijo la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
El Grupo Aval desarrolla muchas de las vías y grandes proyectos del país, razón por la que esa posible inhabilidad causa preocupación en muchos ligados al Gobierno.
"Recordemos que el delito de soborno transnacional está contemplada en nuestra legislación penal”, agregó la funcionaria.
Finalmente, Zamora dijo que lo que buscan es acompañar al Estado y tener las pruebas para acompañar el proceso en el que se declaran como víctimas en el tema Odebrecht: "Nosotros no investigamos ni sancionamos. Estamos interviniendo como agencia y constituidos como víctimas. Nuestro papel es de acompañamiento del Estado".
El pasado 10 de agosto el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) determinaron que el Grupo Aval y su filial Corficolombiana deben pagar US$40 millones, pues los acusa de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa), teniendo en cuenta que el grupo cotiza en la Bolsa de Nueva York, todo en medio del caso de corrupción de Odebrecht.